EL DESFALCO
DE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
Han sido
cuarenta y tres años que ininterrumpidamente, hemos estado cotizando a la
Seguridad Social, las cuotas correspondientes a nuestra situación laboral, para
poder disfrutar de los servicios sanitarios públicos, durante y después de
nuestra actividad profesional. La situación que acabamos de describir, nos
permite con pleno derecho, que incluso consideramos una obligación, levantar a
través de este nuestro comentario, una personal
denuncia por las privatizaciones de esos Servicios Públicos. Servicios que remarquémoslo,
han sido cimentados y desarrollados exclusivamente con las cuotas que religiosamente
a lo largo de tantos años, han sido soportadas por la clase trabajadora, no
excluimos la participación patronal, pero que a fin de cuentas, ésta también ha
sido indirectamente soportada por la clase obrera.
La Seguridad
Social ha sido sin ningún género de dudas el Servicio Público, que a pesar de
algunas de sus lagunas, ha merecido hasta el momento la mejor aprobación por
parte de la ciudadanía, dueña y señora de la totalidad de esos Servicios,
merced a sus puntuales aportaciones cotizadas durante decenios.
Amparado por
la mayoría absoluta que le ha sido otorgada, el Ejecutivo está cometiendo un
estúpida operación, privatizando por Decreto los inalienables derechos de la
ciudadanía sobre esos Servicios Sanitarios Públicos, disfrazando esa operación
bajo el eufemismo de una “externalización”, que a fin de cuentas no deja de ser
una pura y dura privatización.
El torpe Ejecutivo
argumenta unas supuestas pérdidas con la gestión pública de esos Servicios,
para justificar la “externalización” de la administración de los mismos; con
esa determinación el Ejecutivo confirma una doble torpeza, en primer lugar su
incapacidad e incompetencia en el
Control de esos Servicios Públicos, en evitación de una mala gestión
administrativa que pueda provocar injustificados desfases de sus presupuestos;
en segundo lugar, con esa postura privatizadora, nadie puede creer, comprender
y aceptar el hecho, de que privatizando esos Servicios, y dejándolos en manos
de quienes han sido los responsables de una mala gestión pública, sean ahora los
que por la obra y gracia de su “Santo Decreto”, van a ser capaces de llevar a
cabo una mejor gestión privada, habiendo rotundamente fracasado en su juramentado
deber público anterior. A este respecto, en todo caso se puede entender, que en
el caso de que esa gestión privada generase algún beneficio, iría a parar a los
bolsillos de unos “empresarios
privados”, que ningún aporte han desembolsado para beneficiarse de la creación y
explotación de esas “nuevas sociedades”, en lugar de revertir esos beneficios
para el mantenimiento y mejora de esos sagrados Servicios.
Ya es
insultante el copago establecido, para poder beneficiarse de los servicios de
la Sanidad Pública, pero lo que resulta ignominioso e inaceptable, es la
desfachatez y la prepotencia con que el Ejecutivo está violando unos derechos
de la ciudadanía, que ni siquiera debieran haber pensado en mancillarlos y
violarlos de manera tan vergonzosa.
Lógicamente
esperamos, que los beneficiarios y los agentes más directamente implicados y
afectados por esa indigna manipulación, recurran cuanto antes al amparo de la
Justicia, para reclamar la soberanía de la ciudadanía sobre esos inalienables
derechos, y que las correspondientes sanciones administrativas y penales, sean
aplicadas con toda rigurosidad, a quienes valiéndose de la autoridad que les ha
sido conferida, abusan y prevarican al amparo de la misma.
.jpg)
