CERTIFICADO DE GARANTÍA DE UN ESTADO

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE UN ESTADO

La base sobre la que todo Estado de Derecho pueda presentarse como tal, inexcusablemente debe ser su Constitución, representada y defendida por la más alta e importante de sus Instituciones judiciales, el Órgano Superior de su Justicia, concretamente en nuestro país el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, sus funciones desarrolladas bajo una total Independencia del Poder político; esas son las indispensables premisas, para que todo país y sus ciudadanos puedan gozar de una total garantía, de sus Derechos Fundamentales; premisas que lamentablemente en nuestro país, con aquel Golpe de Estado militar fascista del “36” fueron totalmente violadas, y hasta nuestros días bajo esa amarga situación continúa nuestra Judicatura, con su cordón umbilical desde entonces todavía ligado a aquella Dictadura Militar fascista. La prueba más evidente de la dependencia política de nuestro Consejo General del Poder Judicial, la tenemos en el hecho de que, de los 16 miembros del TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO de aquella Dictadura, a su disolución el 4 de enero de 1977, seis de ellos pasaron a la AUDIENCIA NACIONAL, y los diez restantes al SUPREMO, una tónica política que ha continuado orientando la formación del actual CGPJ, atadas sus manos al Ejecutivo de turno, lo que convierte nuestro país en una práctica “República bananera”, donde la corrupción ha campado y continúa campando a sus anchas por toda la superficie de España, desde aquel aciago 18 de julio de 1936. Un lamentable hecho que invalida totalmente nuestra Constitución y los FUNDAMENTALES DERECHOS de su PUEBLO, hasta que la más alta Institución judicial del país, no sea democráticamente renovada.